Martes, 25 Octubre 2016 17:21

Candidatos a rectoría con cargos administrativos deberían declararse ética y públicamente impedidos para ejercer sus cargos mientras realizan sus campañas

El rector actual de Unicauca y uno de los candidatos, vicerrector Velásquez  El rector actual de Unicauca y uno de los candidatos, vicerrector Velásquez

Popayán, 25 de octubre de 2016

En la búsqueda de lograr los votos externos a los estamentos profesoral y estudiantil, a los candidatos se les exige presentar el 10% de las firmas de docentes y estudiantes respectivamente, como respaldo de sus aspiraciones a rector y requisito de inscripción. Los vicerrectores y/o decanos que sueñan con ser rectores y se enredan en el juego maquiavélico del rector Castrillón, deberían acogerse a los términos de inhabilidades e incompatibilidades de la Constitución colombiana.

En su búsqueda de lograr el “apoyo político” por parte de quienes no conocen a los profesores ni las dinámicas internas de la universidad, es decir, los delegados externos del Ministerio de Educación, del Presidente de la Republica, sector productivo, exrectores y exalumnos, a quienes no se les pide ni siquiera una consulta ni un porcentaje de firmas de respaldo, los aspirantes vicerrectores o decanos utilizan su poder para que el séquito de sus empleados y profesores subordinados, comités, coordinaciones, trabajadores y estudiantes, voten por ellos o les ayuden a recoger firmas, indiquen contactos, personas conocidas, cartas y demás logística de campaña, aparte de utilizar los viajes a Bogotá y otras ciudades o reuniones de importancia, para lanzar su candidatura y lograr los respectivos respaldos. No es la anterior la manera expedita para un profesor quien sin ostentar ningún cargo, no puede o le queda difícil meterse en el juego politiquero de convencer a los externos que seria un rector manipulable para sus intereses, es decir, que mantendría la línea gubernamental como pago de favores.


De acuerdo con la Constitución colombiana sobre el ejercicio de los cargos se puede leer:


Las Inhabilidades son aquellas circunstancias creadas por la Constitución o la ley que impiden o imposibilitan que una persona sea elegida o designada en un cargo publico, y en ciertos casos, impiden el ejercicio del empleo a quienes ya se encuentran vinculados al servicio, y tienen como objeto primordial lograr la moralización, idoneidad probidad e imparcialidad de quienes van a ingresar o ya están desempeñando empleos públicos”.[3]el Departamento Administrativo de la Función Pública elaboró el "Concepto Marco de Inhabilidades e Incompatibilidades", documento que está disponible en su página web www.dafp.gov.co.


REF: INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES. No se puede .... “utilizar su posición para presionar a particulares o subalternos a respaldar una causa o campaña política o influir en procesos electorales.....en criterio de la Dirección Administrativa, ..” se considera que si usted como Trabajador Oficial, no desarrolla actividades de Dirección Administrativa, es decir, que no está autorizado para celebrar contratos o convenios; ordenar gastos con cargo a fondos municipales; conferir comisiones, licencias no remuneradas, decretar vacaciones y suspenderlas, para trasladar horizontal o verticalmente los funcionarios subordinados; reconocer horas extras, vincular personal supernumerario o fijarle nueva sede al personal de planta; a los funcionarios que hagan parte de las unidades de control interno y quienes legal o reglamentariamente tengan facultades para investigar las faltas disciplinarias., por consiguiente no está inhabilitado para postularse ..., siempre y cuando, en el momento de la inscripción no esté ocupando el cargo de Trabajador Oficial ya que no podría tomar parte en la controversia política, esto significa que tendrá que renunciar al cargo con anterioridad al día de su inscripción como candidato ....”


Siguiendo con los lineamiento de la Constitución, se indica que: ... “El señalamiento constitucional de incompatibilidades implica necesariamente la consagración de límites y excepciones a la actividad de la persona, la cual no estaría cobijada por ellos si no fuera por el cargo que desempeña. Desde ese punto de vista comporta un trato diferente al aplicable para los demás pero justificado en razón de los superiores intereses públicos. La incompatibilidad significa imposibilidad jurídica de coexistencia de dos actividades. Dada la situación concreta del actual ejercicio de un cargo ...”


La ética de la función pública debe empezar a ser reconocida y empleada en la Universidad del Cauca, por la transparencia que debe representar y mostrar quien pretenda el cargo en la nueva rectoría. Hemos observado en esta rectoría variadas formas de rompimiento de la ética universitaria, hemos visto cómo la manipulación del poder ha roto la convivencia universitaria, hemos sufrido matoneos y descalificaciones solamente por una crítica con causa, como es el caso de la tambaleante regionalización donde se impone un modelo gerencial de privatización.


Sin embargo, se recalca que ASPU ha mantenido un pliego de Peticiones para beneficio de la universidad pública y que justamente el primer punto de la negociación 2016 y en particular, en los cinco años de la rectoría de Juan Diego Castrillón con sus vicerrectores actuales a la cabeza de la mesa de negociaciones, se negaron de plano a aceptar la manera estamentaria y vinculante en la elección de rector y decanos. Aducen que ésta discusión reposa solamente en la autonomía del Consejo Superior, que como se sabe tiene una composición extrauniversitaria, atravesada por los poderes donde el interés que prima no es la Universidad como una institución que se debe a sí misma y a la educación superior pública.


El actual vicerrector académico, Edgar de Jesús Velásquez, creador de la lesiva Resolución 802, ya candidato a rector, quien presidía las negociaciones, negó rotundamente esta autonomía universitaria, y en general como vocero de la administración, cerró el punto con un No Acuerdo y no respetó las propuestas y el sentir de los estamentos profesoral y estudiantil.


La designación de rector(a) en la universidad del Cauca, está plagada de autoritarismo y de acciones de politiquería, niega la autonomía universitaria y es una burla a los procesos democráticos de la universidad y del país.


ASPU JUNTA DIRECTIVA

Modificado por última vez en Martes, 25 Octubre 2016 21:29