Sábado, 08 Diciembre 2018 18:45

CARTA ABIERTA AL GOBIERNO NACIONAL: ARPUP

CARTA ABIERTA AL GOBIERNO NACIONAL

La Asamblea de Representantes Profesorales de Universidades Pública - ARPUP, en reunión realizada el 6 y 7 de diciembre de 2018 en la ciudad de Bogotá, en el Centro cultural Gabriel Betancour Mejía de la Universidad Pedagógica Nacional; con el fin de análizar críticamente la actual situación que atraviesa la educación superior pública en Colombia, manifesta al Gobierno nacional lo siguiente:

La universidad pública colombiana enfrenta una aguda crisis que amenaza su existencia y con ello el derecho a una educación de calidad para una población que sufre la extrema inequidad en la distribución de la riqueza nacional. Las insuficientes transferencias de recursos que recibe el sistema público universitario por parte del Estado ha conducido a una desfinanciación progresiva que ha intentado paliarse mediante un modelo mixto que integra fuentes de autofinanciación, consolidando negativamente una política privatizadora del acceso público a la educación superior. Esta situación se agudiza con la perversa transferencia de recursos públicos al sector privado de la educación, mediante programas de gobierno como Generación E, o políticas de Estado como la ley de financiación contingente al ingreso, además de lesivas reformas de aseguramiento de la calidad o en materia tributaria como la Ley 1819 que confisca una parte importante de los ingresos laborales de los profesores universitarios por concepto de renta al trabajo. Por estas razones, ARPUP en coordinación con algunas asociaciones gremiales profesorales como ASPU, ASOPRUDEA, etc., ha promovido un movimiento nacional de defensa de la Educación superior pública y de la dignidad del profesorado universitario, rechazando los modelos de financiación a la demanda y las reformas tributarias regresivas, injustas e inequitativas. Circunstancias que han obligado a diferentes sectores de la sociedad civil a ejercer el derecho a la protesta social, dentro de los mecanismos enmarcados en el Estado social de derecho.

Ha sido ejemplar la movilización social de los estamentos estudiantil y profesoral que en formas creativas ha marchado, emprendido largas caminatas a la Capital, realizando actividades académicas y artísticas en las calles y en las plazas públicas, y contribuyendo con rigurosos análisis presupuestales, normativos y de política educativa, que entre otras cosas han dejado al descubierto la existencia de recursos suficientes en el orden nacional pero también la debilidad del compromiso del Estado con la educación y la inversión social. Gracias a esto se ha alcanzado un reconocimiento nacional de la problemática de la educación superior pública, al punto que hoy difícilmente alguien podría negar que está en riesgo la supervivencia de las instituciones de educación superior públicas (IES).

En este sentido, manifestamos nuestro total respaldo a los estudiantes y profesores de las diversas regiones del país y en especial a los lideres de las diversas organizaciones, como también a todos los grupos sociales, agremiaciones sindicales, sectores sociales, comunidades indígenas y afrodescendientes y a la ciudadanía, que han respaldado esta justa vindicación. Rechazamos las formas de coacción e intimidación que buscan la desmovilización social, la criminalización de la protesta social, así como las amenazas a la integridad y la vida de líderes y activistas de las diversas organizaciones, las retenciones arbitrarias, judicializaciones, señalizaciones y los seguimientos, así como la vulneración de los derechos a la libre reunión y a la protesta social. Condenamos enfáticamente la represión, persecución, extralimitación, el hostigamiento y abuso de la fuerza por parte de las autoridades policiales (en especial del Esmad y del personal infiltrado), como expresiones oscuras del totalitarismo y la intolerancia.

La movilización universitaria es por principio democrática, legitimando su participación y representatividad en una mesa nacional e intersectorial de diálogo con el gobierno, razón por la cual nos declaramos en contra de una política que ceda su terreno ante la violencia y sustituya la acción discursiva por la fuerza, como síntomas de la evidente falta de gobernabilidad actual. La falta de profesionalismo de algunos medios de comunicación y las opiniones desinformadas han promovido una nefasta e inadmisible estigmatización de estudiantes y profesores, por lo cual hacemos un llamado al respeto de la dignidad de los miembros de la comunidad universitaria que responsable y activamente busca transformar un país que ha quedado en las manos sucias de la corrupción y de los monopolios económicos.

Es evidente que el desarrollo de la sociedad esta vinculado de manera estratégica con los niveles educativos de las personas que lo integran, en ese sentido, el Estado debe asumir la responsabilidad de garantizar todas las condiciones para que se materialice el derecho a la educación así como la dignificación de la labor docente, teniendo en cuenta que la educación es un pilar fundamental para el desarrollo de la sociedad, la ciencia, la industria, la economía y la cultura.

Consideramos un logro la constitución e instalación de la mesa de diálogo y negociación con el gobierno nacional. Apoyamos y destacamos la actividad desarrollada en dicha mesa por nuestro Representante, el profesor Juan Carlos Yepes y por los demás integrantes Profesorales y estudiantiles. Respaldamos como logro el consenso en la creación de una mesa técnica sobre el sistema general de regalías para lograr más recursos a las universidades públicas. No obstante, es absolutamente necesario que el gobierno tenga una mayor voluntad política para avalar la creación de otras mesas técnicas, entre ellas las pertinentes a las políticas de Colciencias y del Icetex. Así mismo, pedimos al gobierno que reconsidere su rechazo al ofrecimiento de la conferencia episcopal como garante de la negociación, apoyado por las plataformas estudiantiles y profesorales en virtud del papel que ha desempeñado la Iglesia en episodios críticos de la vida nacional.

Ciertamente hay un avance en los compromisos del actual gobierno con el incremento indexado de las transferencias a las bases presupuestales de las universidades públicas (1.3 billones de pesos); recursos de inversión, saneamiento de pasivos y proyectos de las Instituciones de Educación Superior (1.35 billones), además de otras posibles fuentes de recursos por regalias y excedentes de cooperativas. No obstante, se requiere una mayor disposición para el reconocimiento real del faltante histórico acumulado por el sector público superior, para encarar con prontitud el proceso de formalización laboral de la planta de docentes ocasionales y de cátedra y para reconsiderar estruturalmente un cambio en el módelo y la política de financiación de la educación superior pública.

En este sentido, la indexación de puntos por encima del IPC y su distribución debe ser política de Estado que se haga explícita en la ley (reforma a los arts. 86 y 87 de la Ley 30 de Educación Superior), la Ley de financiación contingente al ingreso (Ley 1911) debe derogarse y, por otra parte, revertirse el desmonte de la renta exenta de los profesores universitarios como vindicación histórica a la pérdida del poder adquisitivo de sus salarios (por la vía de una modificación del decreto 1279 que establece el regimen salarial y prestacional de los docentes de las universiades estatales), entre otras acciones de orden legíslativo.

Para las anteriores acciones pedimos respetuosamente al Congreso de la República el apoyo necesario para su trámite y aprobación, y frente a las cuales la Comisión Accidental por la educación superior, creada por el Congreso de la República, constituye un escenario invaluable. En este sentido, requerimos el respaldo y acompañamiento técnico de los directivos universitarios y, en especial, del SUE para la construcción de políticas públicas más equitativas e inclusivas, entre ellas la adecuada distribución de los recursos asignados a las Universidades Públicas.

De los rectores esperamos de manera perentoria que ante la anormalidad académica garanticen la estabilidad laboral de los docentes catedráticos y ocasionales, y que en el concierto con el Gobierno nacional y los entes de control del Estado (Contralorías) superen los escollos técnicos que los han llevado a tomar medidas desafortunadas para evitar posibles consecuencias diciplinares relacionados con presuntos detrimentos patrimoniales por pago y extención de los contratos de docencia.

En coherencia con lo anterior, ARPUP reitera la voluntad para colaborar con el Ministerio de Educación Nacional en el desarrollo de los compromisos acordados en la Mesa de Diálogo, de la cual auguramos resultados positivos en beneficio de la Educación Superior Pública de calidad y de la dignidad del estamento profesoral.

Finalmente, continuaremos exhortando a todos los estamentos universitarios, sectores sociales y ciudadanía en general a defender el derecho a la educación pública superior y a valorar la importancia de una universidad pública abierta, en pleno funcionamiento y en el cabal cumplimiento de su indelegable función social.

Asamblea de Representantes Profesorales de Universidades Públicas ARPUP, en reunión realizada el 6 y 7 de diciembre de 2018 en el Centro cultural Gabriel Betancour Mejía de la Universidad Pedagógica Nacional, Bogota D.C.