Viernes, 23 Noviembre 2018 14:34

Concepto jurídico sobre la figura de suspensión de semestre académico.

Bogotá D.C., 14 de noviembre de 2018

SEÑORES
RECTOR
CONSEJO SUPERIOR
CONSEJO ACADÉMICO
DE LA UNIVERSIDAD DEL CAUCA

Ref. Concepto jurídico sobre la figura de suspensión de semestre académico.

Cordial y universitario saludo.

Como es de conocimiento público en las últimas semanas se viene desarrollando un paro estudiantil universitario en todo el país, cuya exigencia fundamental es la apropiación de una mayor partida presupuestal que vaya a la base de las Instituciones de Educación Superior Pública, sin demeritar las otras exigencias que desde el movimiento estudiantil y profesoral se han hecho.

Como expresión de manifestación ciudadana, en ejercicio de la garantía contenida en el artículo 37 de nuestra Constitución, la movilización se ha venido intensificando y en varias IES a lo largo y ancho del país, la comunidad académica ha entrado en asambleas permanentes, ceses de actividades o paros.

Frente a esta expresión que responde a una necesidad de interés general, lamentablemente la respuesta de algunas de las administraciones universitarias no ha sido la mejor, algunas de ellas contemplan la posibilidad o han decretado la suspensión de la vinculación de los docentes catedráticos y ocasionales; las que no lo han realizado, mantienen un ambiente de zozobra entre el personal docente de cátedra y ocasional, al realizar declaraciones oficiales e informales en las que se prevé una posible suspensión de la vinculación laboral o la cancelación del semestre.

Ante esta realidad, como organización sindical, ponemos de presente algunas consideraciones jurídicas respecto de dicha figura y los derechos de los docentes catedráticos y ocasionales en el marco del paro estudiantil:

Autonomía Universitaria y protección a derechos fundamentales

Es reiterada la jurisprudencia de la Corte Constitucional que indica que la Autonomía Universitaria no es absoluta, la misma es relativa y tiene unos límites fijados por la misma Constitución, por citar un solo ejemplo, la sentencia C-337 de 1996 reza:

“La autonomía universitaria de manera alguna implica el elemento de lo absoluto. Dentro de un sentido general, la autonomía universitaria se admite de acuerdo a determinados parámetros que la Constitución establece, constituyéndose, entonces, en una relación derecho-deber, lo cual implica una ambivalente reciprocidad por cuanto su reconocimiento y su limitación están en la misma Constitución. El límite a la autonomía universitaria lo establece el contenido Constitucional, que garantiza su protección, pero sin desmedro de los derechos igualmente protegidos por la normatividad constitucional. Hay que precisar que la autonomía universitaria en cierta forma es expresión del pluralismo jurídico, pero su naturaleza es limitada por la Constitución y la ley, y es compleja por cuanto implica la cohabitación de derechos, pero no la violación al núcleo esencial de los derechos fundamentales”

En este mismo sentido se pronuncia la sentencia T-068 de 2012:

“El principio de autonomía universitaria, consagrado en el artículo 69 de la Carta Política, que consiste en la facultad de la que gozan las universidades para darse sus directivas y regirse por sus propios estatutos de acuerdo con la ley, ha sido concebido por esta Corporación ‘como un principio de autodeterminación derivado de la Constitución, que propende por la garantía para los centros educativos de desarrollar su misión, filosofía y objetivos, en un entorno adaptado a su ideología y los fines académicos que se plantea’. La Corte ha precisado que a pesar de la naturaleza constitucional del principio de autonomía universitaria y de su importancia en el Estado Social de Derecho, no es dable sostener que sea absoluto y, por tanto, que no encuentre límites de ninguna especie. Por el contrario, ha concluido que, en su ejercicio, las instituciones educativas deben respetar los valores y principios consagrados en la Constitución, así como respetar y garantizar los derechos fundamentales, entre otros, de sus estudiantes”

A partir de esta interpretación es claro que, en ejercicio de su autonomía universitaria no puede el ente universitario desconocer o vulnerar derechos fundamentales, lo cual sucedería al suspender los contratos de la mayoría de docentes1 unilateralmente, sin realizar por lo menos una consulta a los profesores, sin verificar que se ha cumplido alguna de las causales establecidas por la ley, violando con ello el derecho al debido proceso, así como los derechos fundamentales al trabajo en condiciones dignas, la salud, el mínimo vital y el derecho a la igualdad de que gozan todos las personas habitantes de este país:

1. Derecho al trabajo en condiciones dignas y justas

Al suspender la vinculación laboral de la mayoría de los profesores universitarios se vulnera el referido derecho pues, si bien su relación laboral es de carácter temporal, como establece la ley 30 de 1992, sabemos que existe un uso desmedido de estas figuras (Sentencia C-006 de 1996), existe una confianza legítima por parte de estos profesores en que cuentan con un trabajo, por lo menos, durante 4 meses en el semestre.

Así, la confianza legítimamente fundada (derivación del principio de buena fe) no podría ser traicionada bajo el argumento de la autonomía universitaria, o del cumplimiento de la ley. Más aún cuando se presentan las siguientes circunstancias a tener en cuenta para el caso de los profesores ocasionales y catedráticos:

a. Tal como lo acabamos de esbozar, existe una confianza legítimamente fundada, que de romperse afectaría el principio de estabilidad laboral consagrado en el artículo 53 de la Constitución Política.

b. Las circunstancias que se alegan para la suspensión de los contratos son las que tienen que ver con la movilización universitaria que deriva en que, a juicio de las IES, no se esté cumpliendo con el objeto de los contratos y por lo tanto no haya lugar a pago; sin embargo, este razonamiento no tiene en cuenta que existe una causal de fuerza mayor, que impide el ejercicio de las labores de docencia en el salón de clase, que es el cierre o bloqueo de las instalaciones universitarias, o la no presencia de los estudiantes, lo que es una causal no atribuible al trabajador.

c. Las labores de los docentes, incluso de quienes ejercen esta actividad bajo la figura de profesores ocasionales o catedráticos, no se circunscriben únicamente al ejercicio de la docencia directa en el salón de clase, también deben hacer planeación, preparación, evaluación, labores de investigación e interacción social y gestión administrativa, que los docentes siguen cumpliendo; mal podría hablarse de un incumplimiento de las labores, al tenor del principio de primacía de la realidad sobre las formalidades, consagrado en el artículo 53 de la Constitución Política.

2. Derecho a la Igualdad

Establece el artículo 6 de la ley 30 de 1992, establece como objetivos de la Educación Superior:

“a) Profundizar en la formación integral de los colombianos dentro de las modalidades y calidades de la Educación Superior, capacitándolos para cumplir las funciones profesionales, investigativas y de servicio social que requiere el país.
b) Trabajar por la creación, el desarrollo y la transmisión del conocimiento en todas sus formas y expresiones y, promover su utilización en todos los campos para solucionar las necesidades del país.
c) Prestar a la comunidad un servicio con calidad, el cual hace referencia a los resultados académicos, a los medios y procesos empleados, a la infraestructura institucional, a las dimensiones cualitativas y cuantitativas del mismo y a las condiciones en que se desarrolla cada institución.
d) Ser factor de desarrollo científico, cultural, económico, político y ético a nivel nacional y regional.
e) Actuar armónicamente entre sí y con las demás estructuras educativas y formativas.
f) Contribuir al desarrollo de los niveles educativos que le preceden para facilitar el logro de sus correspondientes fines.
g) Promover la unidad nacional, la descentralización, la integración regional y la cooperación interinstitucional con miras a que las diversas zonas del país dispongan de los recursos humanos y de las tecnologías apropiadas que les permitan atender adecuadamente sus necesidades.
h) Promover la formación y consolidación de comunidades académicas y la articulación con sus homólogas a nivel internacional.
i) Promover la preservación de un medio ambiente sano y fomentar la educación y cultura ecológica.
j) Conservar y fomentar el patrimonio cultural del país.”

En este mismo orden de ideas establece el artículo 29 de la citada ley:

“La autonomía de las instituciones universitarias o escuelas tecnológicas y de las instituciones técnicas profesionales estará determinada por su campo de acción y de acuerdo con la presente Ley en los siguientes aspectos:
a) Darse y modificar sus estatutos.
b) Designar sus autoridades académicas y administrativas.
c) Crear, desarrollar sus programas académicos, lo mismo que expedir los correspondientes títulos.
d) Definir y organizar sus labores formativas, académicas, docentes, científicas, culturales y de extensión.
e) Seleccionar y vincular a sus docentes, lo mismo que a sus alumnos.
f) Adoptar el régimen de alumnos y docentes.
g) Arbitrar y aplicar sus recursos para el cumplimiento de su misión social y de su función institucional.

PARÁGRAFO. Para el desarrollo de lo contemplado en los literales a) y e) se requiere notificación al Ministro de Educación Nacional, a través del Instituto Colombiano para el Fomento de la Educación Superior (ICFES).”

Así pues, tal como fue anotado, la condición de profesor universitario, no implica la obligación de realizar como única actividad u objetivo el impartir clases de manera directa, sino que se debe entender esta como una de varias de las actividades dentro de un conjunto que incluye gestión académica, investigación, proyección social y extensión universitarias, entre otras. No se puede alegar que por el hecho de que los estudiantes no se encuentren en clases, el ejercicio docente es innecesario.

Tal es el sentido, que sólo se ha procedido a suspender la vinculación laboral de los docentes catedráticos y ocasionales, que al igual que los docentes de planta, debieron superar un concurso de méritos o de oferentes para acceder a los cargos y son nombrados por resolución. ¿Bajo qué criterio es dable suspender su vinculación y apartarlos de su labor a un grupo de trabajadores y a otros no?. El funcionamiento de la universidad requiere del trabajo de todos los universitarios. Es el eslabón más desprotegido de la cadena, los profesores ocasionales y catedráticos, el que está siendo vulnerado con las decisiones de suspensión.

3. Derecho al mínimo vital

Al suspender los contratos de la mayoría de los profesores de las universidades públicas, se dejaría sin ingresos a varios miles de familias que tienen su sustento en la actividad académica de estos trabajadores. Con ello se cercenaría injustificadamente su derecho al mínimo vital, que ha sido catalogado como un derecho fundamental por la Corte Constitucional en la sentencia T-629 de 2016:

“Esta Corporación ha considerado que el derecho fundamental al mínimo vital es una de las garantías de mayor relevancia en el marco del Estado Social de Derecho, que encuentra fundamento en otros derechos fundamentales como la vida, la salud, el trabajo y la seguridad social y, además, porque en sí mismo es la garantía de la vida digna. Aunado a ello, este derecho busca que el individuo alcance los recursos que le permitan desarrollar un proyecto de vida.”

De esta manera, no se pueden escudar las instituciones en la autonomía universitaria para vulnerar esta garantía mínima de la que debemos gozar todas las personas, más aún si se logra de esta forma desmotivar la protesta social, pues también se estaría vulnerando el Estado Social de Derecho, que garantiza el ejercicio de la protesta pacífica en los términos del artículo 37 de nuestra Constitución.

Lo anterior se refuerza teniendo en cuenta que la Universidad (empleador) y en concreto el Consejo Académico y el Consejo Superior tienen dentro de sus competencias la modificación del calendario académico y de la LABOR ACADÉMICA de los profesores, y en este momento dicha modificación obedece a una fuerza mayor y a la necesidad de protección del derecho fundamental al trabajo en condiciones dignas.

4. Violación al debido proceso

Los docentes ocasionales y catedráticos no han incurrido en ninguna de las causales que prevé la norma para proceder a la suspensión de un contrato o vinculación. Ninguna de esas causales se ha esbozado en las resoluciones que hasta ahora conocemos, más allá de la protesta pacífica que lideran los estudiantes. Las decisiones que hasta ahora conocemos han sido unilaterales, sin consultar a los docente afectados, señalan como motivación la protesta social sin que esta sea una causal legal para la suspensión de los contratos laborales.

Se viola el debido proceso pues si la universidad considera que se están incumpliendo los deberes por parte de los profesores, debe agotar el procedimiento legal establecido.

5. Situación más favorable al trabajador en caso de duda en la aplicación e interpretación de las fuentes formales de derecho: In dubio pro operario

Como principio del derecho laboral establecido por nuestra Constitución Política de Colombia en el artículo 53, se entiende que si encontramos duda en la aplicación o interpretación de una norma, se debe aplicar la más favorable al trabajador. En el título II del Segundo Libro del Código Sustantivo del Trabajo, que regula el Conflicto Colectivo de Trabajo, está consagrado el procedimiento de la negociación colectiva y la huelga, que aplica a trabajadores particulares y trabajadores oficiales, dejando por fuera a los empleados públicos, quienes de acuerdo al artículo 416 del mismo código no pueden presentar pliegos de peticiones, ni firmar convenciones colectivas de trabajo.

El artículo 449, establece los efectos jurídicos de la huelga declarada en el marco de la negociación colectiva, indicando que durante la huelga se suspende los contratos de trabajo por el tiempo que dure. Así las cosas, solo se contempla la suspensión de los contratos en el eventual hecho de que los trabajadores que pueden presentar un pliego de peticiones, la declaren de acuerdo a las formalidades existentes. Si los docentes catedráticos y ocasionales no son empleados públicos, su relación laboral es legal y reglamentaria, pero temporal; no pueden presentar pliegos de peticiones, no pueden declarar huelga, no pueden firmar una convención colectiva de trabajo. ¿Por qué se debiera entonces aplicar lo consagrado en el artículo 449 del CST?, no es esto, aplicar lo más negativo de la norma hacía los trabajadores, interpretando y aplicando la situación más desfavorable a los docentes catedráticos y ocasionales. Contrariando lo consagrado en nuestra Constitución Política.

6. SOBRE EL CONTROL FISCAL

Por las razones anteriores, resulta infundado el argumento de una posible sanción fiscal por la ejecución de recursos sin contraprestación para el Estado:

1. El derecho al trabajo además de ser un derecho fundamental, goza de especial protección del Estado.

2. Hay derechos constitucionales en juego que deben ser protegidos de manera prioritaria.

3. Hay situaciones de fuerza mayor que impiden el cumplimiento literal de una parte de los deberes de los profesores universitarios: planeación, preparación, evaluación.

4. La Autonomía universitaria faculta a la universidad para modificar la labor académica de todos los profesores, (planta, ocasionales y de hora cátedra) máxime cuando se requiere atender una situación excepcional, como la presente.

Por último, es menester traer a colación el artículo 379 del Código Sustantivo del Trabajo, que establece en su literal c la huelga por incumplimiento imputable al empleador, como un derecho de los sindicatos:

“Promover cualesquiera cesaciones o paros en el trabajo, excepto en los casos de huelga declarada de conformidad con la ley y de huelga imputable al empleador, por incumplimiento de las obligaciones con sus trabajadores”

Suspender la vinculación laboral, o pretender que los docentes repongan el tiempo gratuitamente se configura como incumplimiento patronal y como sindicato ASPU deberá tomar las medidas pertinentes para hacer respetar los derechos de nuestros afiliados.

Esperamos sean tenidas en cuenta estas consideraciones y en colectivo, como comunidad universitaria, encontremos la mejor salida y solución a la innegable crisis presupuestal por la que atraviesa la Educación Superior Pública.

De la manera más atenta,

Original firmado
PEDRO HERNÁNDEZ CASTILLO
Presidente Nacional
Asociación Sindical de Profesores Universitarios - ASPU

 

1. Tal como se ha documentado en abundante material del Ministerio de Educación, de las IES y en la sentencia C- 006 de 1996 de la Corte Constitucional, la mayoría de los profesores de las universidades públicas de Colombia lo son bajo la figura de profesores ocasionales o de hora cátedra.